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Carlos Rolong López

David Turbay visita Valledupar

                       
       David Turbay Turbay,                            Armando Almeira Quiroz, 
candidato al Senado de la República             Concejal de Valledupar      

Hoy llega a Valledupar el ex contralor, David Turbay Turbay, quien aspira a ocupar una curul en el Senado de la República luego de las elecciones para el Congreso, que se realizarán en marzo de 2001.
El arribo del candidato a la ciudad tiene como objetivo realizar los contactos necesarios para conformar los cuadros políticos que lo acompañarán en sus aspiraciones.
La visita de Turbay es coordinada por el Concejal Armando Almeira Quiroz, su hermano Jorge Luis y Ehumir Almenarez, quienes desde hace algunos días vienen siendo "cortejados" por el candidato para que lo apoyen en su candidatura. Turbay también estableció contactos en la ciudad para conocer el potencial político de sus escogidos.
Ayer estos dirigentes realizaron un almuerzo en Bogotá para concretar los detalles relacionados con el viaje que David Turbay Turbay realiza a la capital vallenata.
EL PILÓN trató de establecer contacto con Armando y Jorge Luis Almeira o Ehumir Almenarez a fin de conocer si definieron compromisos con Turbay, pero no fue posible.

"Aspiro sanear la Duma Departamental", Rubén Carvajal

Rubén Carvajal Riveira, Presidente Asamblea Departamental.

La Asamblea, como organismo que ejerce un control político alrededor de la administración departamental, se encuentra estudiando los proyectos concernientes a un empréstito por ocho mil millones de pesos que se le otorgaría al Gobernador para la reestructuración de la gobernación; la donación de un lote para la construcción de la sede administrativa de la Fiscalía y el del presupuesto, que es considerado el más importante del presente período de sesiones.
Para conocer los detalles del trabajo que realiza la Duma, EL PILÓN entrevistó al presidente de la corporación, Rubén Carvajal Riveira, quien habló sobre los temas que vienen causando comentarios entre la ciudadanía.
EP: ¿A qué se deben los enfrentamientos que se vienen presentando al seno de la Asamblea?
RC: Estos enfrentamientos son cosa de rutina política, debido a la mayoría y minoría que hay en la Asamblea, situación que existe en cualquier parte que haya democracia, la cual es el arte de elegir al que tenga mayor votación y el que no queda relegado a un segundo plano. Este es un problema de todo el país, no es municipal ni departamental, se da porque hay cuatro personas que no están en la mayoría y que hacen oposición ante ciertos puntos.
EP: ¿Considera usted que estos enfrentamientos afectan el trabajo dentro de la Asamblea?
RC: Absolutamente, las ordenanzas son un acto legislativo de buena voluntad que hacen los 16 diputados bajo un estudio concienzudo y con toda la responsabilidad del caso, unos objetan algunas cosas, otros muchas y los restantes nada, la cuestión política hay que diferenciarla aquí en la Asamblea. Lo que a nosotros nos ordenan constitucionalmente es aprobar los proyectos que el Gobernador envíe a la Duma.
EP: ¿Cuál es su prioridad como Presidente de la Asamblea?
RC: La prioridad de ésta mesa directiva es poner a paz y salvo la Asamblea, queremos organizarla, darle más transparencia, ese es el trabajo al que me dedico especialmente desde el dos de octubre, cuando me eligieron, hasta el 31 de diciembre, fecha en que termino la Presidencia.
EP: ¿Cuál es la situación actual de la Asamblea Departamental?
RC: Aquí hay muchas demandas y cuentas que no se han pagado, el Gobernador se comprometió con la presidencia de la Asamblea a ponerla al día al terminar la presente vigencia, haciendo una proyección, nos están debiendo a 31 de octubre de 2001 alrededor de 500 millones de pesos y a la misma fecha de diciembre, 816 millones, con lo que aspiramos a darle credibilidad a la institución, pues la gente no cree en ellas.
EP: ¿Cuál es el papel que juega la Asamblea dentro del contexto democrático?
RC: Principalmente el realizar un control político, que se ve reflejado en el hecho de hacerle ver al Gobernador cuáles son los sectores que están funcionando mal en el departamento, así como en la ayuda que se le dé al ejecutivo para que entregue al Cesar a paz y salvo.
El Presidente de la Asamblea hizo también referencia al presupuesto para la vigencia 2002, ajustado, según su parecer a la situación real del departamento, manifestando que el déficit actual de 8 mil millones de pesos es generado por la presentación de los egresos por encima de los ingresos, "queremos que el Gobernador se amarre los pantalones, el departamento tiene que cambiar".
En cuanto a la función que deben ejercer los diputados enfatizó que la tarea para la que fueron elegidos debe ser realizada sin tener en cuenta si se está fuera o dentro de la coalición, "Hay que decir las cosas como son, al pan, pan y al vino, vino".

Aún por definir categoría del municipio


Elías Ochoa Daza, alcalde de Valledupar.

A raíz de la Ley 617 de 2000 y tomando como base la certificación del Contralor General de la República, con la cual Valledupar entraría a clasificarse en la tercera categoría, se generarían cambios significativos en la estructura del municipio.
En caso que Valledupar pase de la categoría dos a la tres, el municipio se vería obligado a reducir sustancialmente los gastos de funciona-miento, lo que implicaría la eliminación de la Contraloría y la Personería Municipal.
De igual manera, al Concejo Municipal se le transfiere, además de los honorarios de los concejales, el 1.5 por ciento de los ingresos corrientes de libre destinación, quitándole la posibilidad del período de transición que se le permite a los municipios en categorías mayores y limitando el número de sesiones de los ediles.
En cuanto a la Personería Municipal, sólo se le transfieren 350 salarios mínimos mensuales legales. Para determinar este monto, al actual se le incrementa un ocho por ciento y una vez establecido de manera oficial el aumento del mismo se entraría a hacer un reajuste.
El alcalde, Elías Ochoa Daza, tiene la libertad de bajar o no de categoría al municipio, teniendo en cuenta que las exigencias de la ley se deben cumplir a partir del año 2004, existiendo de igual manera un perío-do de transición comprendido entre 2001 y 2003.
En estos momentos el municipio se encuentra a la espera del resultado de la solicitud hecha por la contraloría Municipal a la General en este aspecto, así como algunas consideraciones que están en discusión para definir definitivamente si permanece en categoría dos o tres.

Abogado del Gobernador falta a la verdad: Oscar Cuello Campo
 
Alfonso Campo Soto, 
candidato a la Gobernación en las pasadas elecciones.

 
Oscar Cuello Campo,
 coordinador Campaña Alfonso Campo Soto.

Ante el pronunciamiento hecho por los abogados del Gobernador del Cesar, Rafael Bolaños Guerrero, sobre el favorecimiento que les da la llamada "Prueba Reina", aportada por la parte demandante, Oscar Cuello Campo, coordinador de la campaña política de Alfonso Campo soto, manifestó que esta afirmación generó desinformación a la ciudadanía.
Cuello aseguró que en la demanda electoral que se tramita en el Consejo de Estado, Carlos Oliveros Villar no aparece reconocido procesalmente como abogado del Gobernador, sino que es profesional contratista de la administración departamental.
Dijo que con la afirmación se faltó a la verdad, toda vez que la "Prueba Reina" permanece inmodificable en el proceso, con el fin de determinar si existió fraude en cuanto a la suplantación masiva del elector el pasado 29 de octubre.
El coordinador de la campaña de Campo explicó que es cierto que se realizó un dictamen pericial sobre una de las diez modalidades de fraude relacionadas en la demanda, la cual pretende determinar si hubo o no alteración en los formularios E-14 y E-24; "Prueba diferente a la suplantación masiva del elector, que es la llamada Prueba Reina".
Precisó que dicha prueba es un documento público que goza de la presunción de autenticidad, donde está consignado que, al parecer de los demandantes, se utilizaron nombres ficticios en 21 municipios del Cesar, "modalidad fraudulenta que ejecutaron los jurados de votación para asegurar la Gobernación del Cesar".
Agregó que es cierto que el dictamen grafológico practicado por los peritos de la Fiscalía General de la Nación no detectaron el fraude de la adulteración del resultado de cada candidato a la Gobernación, pero que ello se debió a que los funcionarios no hicieron el dictamen sobre los puntos que ordenó el Consejo de Estado, que es donde se encuentra el fraude.
Cuello añadió que por tal razón se va a objetar dicho dictamen, a la vez que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría Provincial del Cesar la omisión en que pudieron haber incurrido los grafólogos.